Israel Centeno

En el transcurso de una semana, la política migratoria de Estados Unidos ha evidenciado una preocupante incoherencia. Mientras se revocan protecciones a miles de migrantes vulnerables, se otorgan privilegios a grupos cuya situación no justifica tal urgencia, revelando una aplicación selectiva y politizada de las leyes migratorias.

Revocación del TPS para venezolanos y afganos

El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema permitió a la administración Trump rescindir el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos. Esta decisión expone a miles de personas a la deportación, a pesar de que el propio Departamento de Estado considera a Venezuela como un país inseguro para el retorno debido a su crisis humanitaria y política.

Simultáneamente, el Departamento de Seguridad Nacional anunció la terminación del TPS para Afganistán, efectiva a partir del 14 de julio de 2025. Esta medida afecta a alrededor de 14,600 afganos que huyeron del régimen talibán y ahora enfrentan la posibilidad de ser devueltos a un país donde persisten violaciones a los derechos humanos y amenazas a la seguridad.

Preferencia por refugiados sudafricanos blancos

En contraste, el 12 de mayo de 2025, la administración Trump dio la bienvenida a 59 sudafricanos blancos, principalmente afrikáners, otorgándoles estatus de refugiados bajo un proceso acelerado. Esta decisión se basó en alegaciones de discriminación racial y violencia en Sudáfrica, afirmaciones que han sido ampliamente cuestionadas y desmentidas por el gobierno sudafricano y organizaciones internacionales.

Este trato preferencial ha suscitado críticas por parte de diversos sectores, incluyendo la Iglesia Episcopal de EE. UU., que decidió suspender su colaboración con el programa de reasentamiento de refugiados en protesta por lo que consideran una política discriminatoria y politizada.

Análisis de la contradicción

La disparidad en el tratamiento de estos grupos plantea serias interrogantes sobre la coherencia y equidad de la política migratoria estadounidense. Mientras se revocan protecciones a migrantes que huyen de contextos de violencia y represión, se otorgan privilegios a grupos cuya situación no presenta el mismo nivel de urgencia humanitaria.

Esta selectividad sugiere una aplicación de las leyes migratorias influenciada por consideraciones políticas y raciales, en detrimento de los principios de equidad y justicia que deberían guiar tales decisiones. La utilización de argumentos cuestionables para justificar el reasentamiento de ciertos grupos, mientras se niega protección a otros en situaciones más críticas, socava la credibilidad y legitimidad del sistema migratorio.

Conclusión

La reciente serie de decisiones en materia migratoria refleja una preocupante tendencia hacia la instrumentalización de las políticas de inmigración con fines políticos y discriminatorios. Es imperativo que las autoridades estadounidenses reevalúen estas medidas, asegurando que las decisiones se basen en criterios objetivos y humanitarios, y no en consideraciones políticas o raciales. Solo así se podrá garantizar un sistema migratorio justo y coherente con los valores fundamentales de equidad y respeto a los derechos humanos.